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images/articulos/audiencia-sobre-falsos-positivos.jpgSe quedó sin licencia.

De cómo una de las más enconadas defensoras de uniformados en casos de violaciones de derechos humanos, como los falsos positivos de Soacha, perdió su tarjeta profesional de por vida.

La notificación formal de que se había quedado sin su tarjeta profesional de abogada le llegó hace apenas 15 días. Pero Lorena Leal Castaño se enteró hace 17 meses por la página web de El Espectador de que había sido sancionada de por vida.

Desde entonces, cada día había pedido vía internet —al Consejo Superior de la Judicatura—el certificado de vigencia de su licencia profesional. Era algo así como pedir una prueba de supervivencia diaria para ejercer su profesión. (Vea: Abogada sancionada de por vida)

Sólo hasta el 7 de marzo pasado le llegó, vía correo electrónico, la notificación del fallo. Que la decisión le sea comunicada un poco más de 500 días después de tomada es apenas una de las irregularidades, o al menos extrañas coincidencias, que dice encontrar en su caso esta abogada que ha sido protagonista en algunos de los procesos más controversiales de los últimos años que involucran a altos mandos militares en violaciones de derechos humanos.

Los falsos positivos de Soacha, el Palacio de Justicia, las falsas víctimas en el proceso del general Uscátegui, condenado por la masacre de Mapiripán, y el fraude procesal en la masacre de Santo Domingo (Arauca), son algunos de los espinosos temas en los que ha actuado, siempre en defensa de los militares, esta abogada que hoy está convencida de que el calvario que padece es el resultado de una persecución, no sólo contra ella sino contra todos los defensores de militares procesados por temas de derechos humanos.

Si no es una persecución, por lo menos hay demasiados hechos que así se lo hacen creer.

La historia de Lorena Leal Castaño comenzó cuando a finales de 2009 el fiscal 73 especializado de Cúcuta, Lindon José Piracón, presentó una denuncia ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en la que señalaba dos hechos fundamentales: que el paramilitar John Jairo Pabón Vega, alias Loquillo, testigo clave en el tema de los falsos positivos de Soacha, la acusaba (siendo supuestamente su abogada defensora) de haberle regalado $100.000 y un mercado “vencido” para que no declarara en contra de los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Gabriel Rincón Amado, involucrados en los hechos. En la misma queja, Piracón denunciaba supuestas violaciones a las normas carcelarias por parte de los dos uniformados.

La abogada Leal Castaño señala que nunca existió prueba contundente del supuesto soborno, primero, porque nunca visitó a alias Loquillo en la cárcel, pero además porque nunca fue su abogada defensora.

En una declaración posterior, Pabón Vega aseguraba que la visita se había producido en una fecha distinta a la que señaló inicialmente. Pero, además, la única descripción física que hizo de la mujer que efectuó el soborno tenía los siguientes detalles: es bajita, gordita, de “bastante seno” y mona. Dos coincidencias con la verdadera abogada del paramilitar: el primer nombre y su aspecto físico.

Por esa época también apareció el testimonio del cabo Néstor Guillermo Gutiérrez, un testigo clave del fiscal Piracón en el caso de los falsos positivos, quien también señaló a Lorena Leal Castaño de haberlo amenazado para que se retractara de sus afirmaciones, siendo su abogada en el proceso.

La jurista demostró posteriormente que nunca fue apoderada de Gutiérrez, advierte que éste no sólo presenta inconsistencias en el proceso (primero afirmó que las operaciones señaladas como falsos positivos no eran irregulares, pero 24 horas después aceptó que sí lo eran; primero se acogió a sentencia anticipada y luego se retractó), sino en su testimonio contra ella, pues primero dijo que lo había amenazado personalmente y luego afirmó que fue vía Skype, para terminar señalando al propio fiscal Piracón de haberlo inducido en su testimonio.

En medio de ese proceso disciplinario, Leal Castaño denuncia que se comienzan a presentar hechos que para ella no son transparentes y que además violan su derecho a la defensa. En 2011 solicitó el traslado de su caso de Cúcuta a Bogotá por razones de seguridad, ya que hacía parte activa en otro proceso contra el concejal de esa ciudad Julio César Vélez González, acusado de asesinar a su esposa, prima de la abogada Leal Castaño. La petición le fue negada y a partir de ese momento, señala, ni ella ni su abogado recibieron las citaciones a las audiencias, ni tuvieron acogida las denuncias sobre los riesgos que corría su vida si se desplazaba a esa ciudad.

Advierte que adicionalmente le programaron audiencias en la misma semana en que dio a luz a su hija, no obstante haber presentado su incapacidad por licencia de maternidad. Entonces le fue nombrado un defensor de oficio que, asegura, nunca la informó del proceso que en su contra se adelantaba en el Consejo Superior de la Judicatura y jamás aportó las pruebas que demostrarían su inocencia.

Por estos días la abogada Leal Castaño anda entregando las sustituciones y los procesos a quienes defendía, al tiempo que espera la documentación de su caso para comenzar un proceso ante la Corte Constitucional reclamando sus derechos.

Persecución, coincidencias, proceso indebido. Todo eso habrá de demostrarse, pero lo cierto es que ella está convencida de que alguien le está cobrando una de dos cosas: ser defensora de los militares de los falsos positivos o haber descubierto que su prima no se suicidó, sino que fue asesinada por su esposo, un concejal de Cúcuta hoy prófugo de la justicia.

Las investigaciones de la Fiscalía

En junio de 2011, la entonces fiscal general de la Nación, Viviane Morales, le reportó al Consejo Superior de la Judicatura las investigaciones que se estaban siguiendo contra Lorena Leal Castaño y otros defensores de militares por presuntas irregularidades.

En el caso de Leal Castaño reportó al menos tres investigaciones: una de 2009, del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, por presunta falta a la debida diligencia profesional (ver facsímil); otra del Juzgado 19 Penal del Circuito de Medellín, por presuntas maniobras fraudulentas, y finalmente otra de 2009, de la Jefatura de la Unidad de DD.HH. y DIH por presuntas afirmaciones calumniosas contra los fiscales que adelantaban las investigaciones de los falsos positivos.

Por: Stefanie Matiz Cortés

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