InauditoCuestionados, pero elegibles: los casos de Dilian Francisca Toro y Yahir Acuña

Facilmente los colombian@s olvidamos la historia y desde luego ell@s, los líderes políticos siguen haciendo de las suyas. Cómo es de fácil hacerle conejo a la ley en Colombia.

Si personajes como Yahir Acuña o Dilián Francisca Toro a pesar de tener investigaciones por supuestos vínculos con ilegales, desean aspirar a cargos de elección popular, es porque la norma lo permite. Es por esto que se requiere de una reforma política que ajuste el régimen de inhabilidades para aspirar a cargos públicos y que evite que personas con investigaciones judiciales por vínculos con actores ilegales o delitos relacionados con el lavado de activos, continúen con su intención de seguir manejando los hilos del poder local o nacional.

En las últimas cuatro jornadas electorales que ha habido en Colombia, han salido a relucir supuestos vínculos de políticos con ilegales, por lo que se han dado pequeños pasos para tratar de remediar este mal que, sin embargo, aún persiste, al punto que hoy, cuando el país se prepara para dar inicio a la campaña electoral que permitirá escoger alcaldes y gobernadores, comienzan a sonar nombres de personas cuestionadas por tener en curso investigaciones judiciales. Son los casos de Yair Acuña, quien renunció a su curul en el Congreso de la República para aspirar a la Gobernación de Sucre, y Dilian Francisca Toro, quien a pesar de no haber confirmado su deseo de manejar los destinos del departamento del Valle del Cauca, empezó a aparecer dentro de la lista de posibles candidatos.

Estos dos personajes enfrentan problemas judiciales, Acuña por parapolítica y Dilian Francisca por lavado de activos. Legalmente no hay nada que les impida aspirar, porque la Ley 617 del año 2000, que es la norma que habla sobre las inhabilidades para ejercer el cargo de gobernador en sus artículos 30 y 36, se refiere únicamente al caso de “haber sido condenado a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos”.

Esta laxitud en la norma es la que ha permitido que personas que no hayan sido condenadas sigan aspirando, sin importarles que más adelante puedan ser llamadas a juicio y posteriormente sentenciadas a pagar años de cárcel, porque su mayor interés de llegar a esos cargos es el de fortalecer sus redes de apoyo para más adelante, a través de ellas, continuar manejando los hilos del poder.

Puede el partido político negarle el aval, y de nada va a servir, porque inmediatamente se dará a la tarea de aspirar creando su propio movimiento o utilizar la personería de uno más pequeño al anterior, que le permita mantener viva su candidatura. Es decir, haciéndole ‘conejo a la ley’.

La discusión que se presentó durante el primer período del expresidente Álvaro Uribe, que permitió dar inicio al orden en las bancadas de los partidos bajo la Ley 974 de 2005, dejó por fuera esta discusión. Lo mismo pasaría con el Acto Legislativo de 01 de 2009, que creó una serie de responsabilidades a los partidos y movimientos políticos que avalen a personas que siendo elegidas, judicialmente se les establezca vínculos con actores ilegales y el narcotráfico.

Comparte en tus redes...